Sabemos que Google es el todopoderoso de los buscadores, y quien diga lo contrario probablemente no usa mucho internet.
Pero lo que ha generado debate en torno a Google estos últimos meses es la multa que le impuso Bruselas de 4.340 millones de euros, la cifra más descabellada de la historia.
¿Justicia o imposición?
La Comisión Europea alega que el gigante tecnológico utiliza su sistema operativo Android para fomentar o más bien reforzar el dominio de su motor de búsqueda. En concreto aseguran que se les ha negado a los usuarios europeos la posibilidad de utilizar una opción diferente.
Ahora bien, para analizar a fondo esta sentencia lo primero que se debe mencionar es que el 80% de los móviles en el mundo usan Android. Pero, ¿es Google quien impone a los fabricantes utilizar su sistema operativo?
Por supuesto que la respuesta es no. Hay que recordar que Android es un sistema operativo de código abierto y eso hace que se abarate el coste de los móviles, es por eso que Samsung y muchas otras compañías lo utilizan. Incluso algunas como Xiaomi o Amazon crearon su propia versión de Android a partir de ese código.
Entonces vemos como la expansión del sistema operativo se debe a una cuestión de costes y no de imposición, pero aun así la Comisión Europea multó a Google con esta excesiva cantidad por “abuso de poder dominante”.
No es la última palabra
Por supuesto que Google recurrirá esta sanción ante los tribunales. La empresa asegura que si bien los servicios de búsqueda (Google Search) y el navegador Chrome vienen preinstalados, el usuario tiene el poder de elegir e instalar otras aplicaciones en la Play Store.
La Comisión Europea inició esta investigación contra la gigante tecnológica en 2015 y destaca que su posición dominante lo ha llevado a infringir las normas de competencias europeas.
La gran pregunta del debate es ¿quiere Bruselas imponer una forma de competir en el mercado? O, por el contrario, ¿Google quiere implantar una supremacía en los servicios de búsqueda? Lo único cierto es que en lugar de generar respuestas, tanto la empresa como la parte acusadora han dejado claro que hay lagunas en cuanto a la normativa de competencia.
